Justicia climática, financiación climática y seguridad climática: pilares para un futuro sostenible

Introducción

Lo que cuenta son los hechos, no las palabras cuando la crisis climática ya ha dejado de ser una amenaza lejana. Un problema actual de ámbito global que ha saltado del debate exclusivamente ambiental porque ya impacta de forma directa y dramática a la vida, la economía y la estabilidad de todos. Según el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) casi la mitad de la población mundial (entre 3.300 y 3.600 millones de personas) vive en entornos altamente vulnerables por efecto del cambio climático. Un dato escalofriante sobre la envergadura del reto al que nos enfrentamos a estas alturas del avanzado conocimiento que poseemos sobre las causas, daños y soluciones ante el calentamiento global. No hay excusas, abordar este desafío requiere una determinación conjunta que impulse respuestas audaces y equitativas de manera inmediata para facilitar una gobernanza climática global.

La crisis climática es una emergencia que abarca múltiples dimensiones: afecta a la salud física y mental, aumenta la pobreza, perjudica la seguridad alimentaria y energética e incrementa las desigualdades sociales existentes.

Si bien estas repercusiones ya se perciben en cualquier lugar del mundo, es sin embargo la parte de la sociedad que menos ha contribuido a generar la crisis climática la que está resultando gravemente afectada. En consecuencia, las acciones para mitigar el cambio climático no pueden desvincularse de la justicia climática para defender los derechos humanos y la equidad entre las personas.

Ya estamos viviendo enormes riesgos climáticos, es el coste de nuestra inacción. Ha llegado el momento de impulsar de forma ambiciosa la colaboración global y efectiva. Solo con una visión sistémica apoyada en justicia, financiación y seguridad climática podremos avanzar hacia un desarrollo sostenible, el que es capaz de integrar personas, ecosistemas y economías. En este artículo analizaremos los tres pilares de esa acción colectiva para no dejar a ninguna persona atrás; para conseguirlo también se requiere del apoyo de la tecnología que aporta vigilancia ambiental y fomenta la participación social con las que promover adaptación y mitigación, sustentos de la resiliencia climática.

Justicia climática: enfrentando la desigualdad en un mundo en calentamiento

La justicia climática supone un marco normativo y político que prioriza la equidad y los derechos humanos para responder ante el cambio climático. Su punto fuerte es que posibilita que la legislación reconozca la desigualdad que se ocasiona a las comunidades, sectores sociales y países frente a las situaciones provocadas por el cambio climático; generador de daños ambientales que finalmente afectan a las comunidades más vulnerables y alteran el derecho a la vida de las personas.

¿Qué es la justicia climática y por qué es importante?

La justicia climática es considerada, gracias a su perspectiva ética y política, como el reconocimiento de que el cambio climático no es únicamente una cuestión ambiental sino también un problema de derechos humanos y equidad social, por lo que pone a las personas en el centro.

Para lograr una distribución justa de responsabilidades, beneficios y cargas derivadas de la crisis climática que vivimos, la justicia climática se basa en tres principios fundamentales:

• Justicia distributiva: reparte equitativamente las responsabilidades, cargas y beneficios entre los individuos y países, y, además, tiene en cuenta las generaciones presentes y futuras.
• Justicia procesal: favorece la inclusión y participación en los procesos de elaboración y diseño de políticas climáticas de todas las personas y comunidades afectadas por las mismas.
• Reconocimiento: respeta diferentes culturas y perspectivas sociales para desarrollar sus consideraciones ante la decisión y acción climática.

«No nos engañemos, la mayor amenaza al medio ambiente viene de nosotros, del sobreconsumo del Norte. La desigual distribución de riquezas a nivel global permite a los ciudadanos de los países desarrollados seguir satisfaciendo sus infinitos deseos de productos baratos (y/o con obsolescencia programada) a costa de crear destrucción ambiental y transferir los daños a los países en desarrollo.» Manuel Cabezas-Vicente (2024). Justicia ambientalLa justicia ambiental en temas de calidad del aire es crucial para asegurar que todas las comunidades, especialmente aquellas en zonas de mucho tráfico y ...
Leer más y climática: visiones interdisciplinares desde los derechos humanos.

Así, gracias a la justicia climática, los más desfavorecidos como pequeños estados insulares y algunos países africanos pueden enfrentar la desigualdad mediante la reclamación legal de compensaciones financieras y disposición de tecnología que les ayuden a mitigar y adaptarse ante los efectos del cambio climático, puesto que ya se hallan sometidos a fenómenos climáticos extremos. Comunidades que son las más gravemente afectadas, a pesar de haber contribuido mínimamente a las emisiones de gases de efecto invernaderoSi bien la concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera ha ido aumentando de forma constante y acelerada en las últimas décadas, durante ...
Leer más que, al aumentar su concentración en la atmósfera, están favoreciendo sobremanera el calentamiento global.

Comunidades vulnerables y desigualdad en el impacto climático

Es cierto, la concienciación sobre el cambio climático crece, pero aún no estamos dando los pasos necesarios, ni a la velocidad adecuada, para ponerle freno a esta crisis global. Sobre todo porque los fenómenos climáticos derivados de nuestras emisiones son los que están afectando en mayor medida a las comunidades y países que disponen de menos recursos para adaptarse a los efectos negativos del cambio climático que ya estamos sufriendo.

Cada día, las personas de barrios marginales urbanos de todo el mundo resultan las primeras víctimas, las más vulnerables frente a las inundaciones, a la exposición a las olas de calor y a otros fenómenos climáticos extremos; aparte de estar sometidos al empobrecimiento del aire que respiran, sobre todo por vivir bajo una mayor influencia del transporte impulsado por combustibles fósiles, las actividades industriales y las malas condiciones en la vivienda.

Las personas con ingresos bajos, minorías étnicas y residentes en zonas urbanas marginales son las más afectadas por su exposición a altos niveles de contaminación atmosférica (gases contaminantes, compuestos orgánicos volátiles y partículas PM_2.5 entre las principales sustancias tóxicas del aire que afectan a la salud) por vivir próximos a zonas industriales, vertederos o áreas que experimentan un constante e intenso flujo de vehículos.

No es casual que dichas comunidades desfavorecidas sufran en mayor proporción los efectos del cambio climático y la contaminación ambiental: los sistemas sociales, económicos y políticos favorecen que los riesgos se concentren en aquellas personas que disponen de menores recursos a los que apelar para protegerse. Por esta razón, la monitorización de la calidad del aireLa calidad del aire se refiere al estado del aire que respiramos y su composición en términos de contaminantes presentes en la atmósfera. Se considera b...
Leer más se destaca como herramienta democrática y asequible para desenmascarar la exposición de las personas a dichas desigualdades socioeconómicas globales. Según el Banco Mundial:

Más del 95% de las muertes vinculadas a la contaminación del aire se producen en países de ingresos bajos y medios.

Medir los contaminantes atmosféricosLa contaminación del aire causada por los contaminantes atmosféricos constituye uno de los problemas ambientales más críticos y complejos a los que nos...
Leer más provee de datos valiosos que definen la calidad del aire así como permiten demostrar su desigualdad ante la justicia ambiental. La relación de pobreza y menor participación en las decisiones políticas está directamente asociada a los índices más nocivos de contaminación atmosférica. Los datos corroboran la injusticia pero también ayudan a exigir políticas públicas equitativas que protejan la salud y el derecho de cualquier persona a disfrutar de un medioambiente saludable.

El papel de las políticas y el activismo

Resulta imposible pensar en justicia climática sin mirar hacia el papel esencial que desempeña la sociedad y el activismo civil para conseguirla. La movilización social y la participación ciudadana son las claves de estas acciones que se alzan desde la sociedad y reclaman, con una voz global, que los impactos climáticos sean reconocidos y que sus efectos sean tenidos en cuenta a la hora de tomar cualquier decisión socioeconómica y política. Así, sobre todo mediante la voz de jóvenes de todo el mundo (entre los que destacan figuras relevantes como Greta Thunberg), han surgido movimientos imparables como Fridays for Future, un marco discursivo basado en huelgas estudiantiles fundamentadas en la justicia intergeneracional y la implementación de políticas a largo plazo.

«Activistas y organizaciones no gubernamentales están dando la batalla para que se tomen medidas concretas frente al cambio climático. Medidas orientadas a mitigar los gases de efecto invernadero, plantear programas de adaptación, de transición energética y de mecanismos de compensación por los daños derivados del cambio climático. Además, demandan que este proceso sea guiado por estándares de justicia. Esto es, que las cargas derivadas del cambio climático y de los programas de mitigación y adaptación sean conmensuradas y asignadas según la capacidad de cada Estado.» Marcos de Armenteras Cabot, 2021. Universitat Rovira i Virgili.

Para conseguir que gobiernos e instituciones respondan con mayores ambiciones y compromisos climáticos, la ciencia también está desempeñando un papel esencial a través de organizaciones como el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC). Un punto de encuentro donde científicos del mundo aportan datos sobre los que realizan análisis rigurosos que fundamentan la acción climática sin dilaciones. Sus recomendaciones no solo estiman la magnitud del desafío que supone el cambio climático sino la urgencia de actuar desde el ámbito gubernamental y social a partir de políticas basadas en las evidencias científicas para avanzar hacia la equidad social.

En el ámbito de las propuestas impulsadas por las políticas públicas destacan iniciativas como el Pacto Verde Europeo (basado en el Green New Deal, una propuesta legislativa de Estados Unidos para abordar el cambio climático y la desigualdad económica y social). De igual modo, el Pacto Verde Europeo persigue transformar la economía y la sociedad para enfrentar la crisis climática y reducir la desigualdad de manera simultánea alcanzando la neutralidad climática. Sus acciones se basan en una transición justa que aborde el cambio climático reduciendo los gases de efecto invernadero, implementando las energías renovables y que, a la vez, fomente empleos que potencien sectores productivos sostenibles mientras se combate la exclusión social.

Uno de los acuerdos más importantes desde el ámbito público es el Fondo para Pérdidas y Daños o Loss and Damage Fund (FRLD), un avance histórico establecido en 2022 durante la COP27 para apoyar de manera urgente a los países y comunidades más afectados por los desastres climáticos. Es un fondo basado en los daños económicos y otras pérdidas que reconoce la responsabilidad histórica de los países industrializados en el cambio climático y persigue compensar los daños irreparables causados por ello.

«Se trata de adoptar principios que garanticen la sostenibilidad, sin dejar a nadie atrás, a fin de lograr tanto la salud ambiental como el bienestar social. La justicia climática no es un sueño, sino la necesidad de lograr un mundo justo y armonioso.» Greenfield, E. (2025). ¿Cuáles son los seis pilares de la justicia climática?

La transparencia y el acceso a datos precisos sobre emisiones, vulnerabilidad y justicia climática son esenciales para que la sociedad civil pueda exigir y monitorear la acción efectiva de los gobiernos. Solo con información clara y accesible es posible identificar desigualdades, evaluar el impacto de las políticas y demandar justicia ambiental: una rendición de cuentas a quienes toman las decisiones. Así, la justicia climática se construye desde la movilización ciudadana, la ciencia rigurosa y la exigencia de políticas públicas basadas en datos y derechos humanos.

Financiación climática: impulsando la transición

¿Qué es la financiación climática?

Se conoce como financiación climática el flujo de fondos destinados a apoyar acciones de mitigación y adaptación para la preparación y respuesta frente a los efectos del cambio climático. Un recurso económico que se distribuye tanto a nivel local, nacional como internacional y tiene como objetivo acelerar la transición hacia modelos de desarrollo social y ambiental más sostenibles y resilientes.

La financiación climática puede provenir de:

• Fuentes públicas: aquellos recursos aportados por gobiernos o instituciones estatales para apoyar proyectos y medidas climáticas.

• Fuentes privadas: inversiones realizadas por empresas, bancos u otros actores sociales dirigidos a promover acciones climáticas.

• Fondos multilaterales: son canalizados a través de organismos internacionales, donde varios países o instituciones contribuyen y gestionan conjuntamente los recursos para facilitar programas climáticos en países en desarrollo siguiendo criterios definidos por la comunidad internacional. Cooperación que se desarrolla a través de instituciones como el Fondo Verde para el Clima (Green Climate Fund), creado bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC); el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM); el Fondo de Inversión en el Clima (Climate Investment Funds); bancos regionales de desarrollo y otras entidades internacionales.

• Bilaterales: Ayuda directa entre dos países, generalmente entre un país proveedor o donante de financiación climática, con mayores ingresos y recursos, y un país beneficiario o receptor con menores ingresos y recursos para financiar acciones climáticas específicas o que se halle en situación de vulnerabilidad climática.

De las promesas a la acción: retos en la financiación

Aunque en la COP15 de Copenhague (2009) los países de altos ingresos prometieron movilizar 100.000 millones de dólares anuales para apoyar la acción climática en países vulnerables antes de 2020, el carácter no vinculante del acuerdo impidió cumplir plenamente esta meta. En la COP29 de Bakú (2024), se logró triplicar el objetivo financiero, comprometiendo, a través del Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado sobre Financiación Climática (NCQG), al menos 300.000 millones de dólares anuales hasta 2035, provenientes de fuentes públicas y privadas, bilaterales y multilaterales.

Las dificultades burocráticas de los países receptores, el riesgo percibido por los países y entidades financieras y la falta de datos que justifiquen los proyectos y programas climáticos para acceder a dicha financiación climática son los principales obstáculos para agilizar este importante mecanismo global que permite reducir los gases de efecto invernadero y prepararse en respuesta a los efectos del cambio climático.

En el aspecto de generar datos precisos y en tiempo real, como los que proporciona Kunak, en combinación con una gestión eficiente de la información, se pueden superar varias barreras clave de la financiación climática. La disponibilidad de mediciones fiables y actualizadas permite justificar y presentar proyectos con mayor solidez ante organismos financiadores, reduciendo la incertidumbre asociada a la calidad de los datos y facilitando el acceso a recursos para la mitigación y adaptación climática.

Además, la integración de estos datos con plataformas analíticas avanzadas contribuye a identificar tendencias, priorizar acciones y monitorear resultados, optimizando así la asignación de fondos y la efectividad de las intervenciones. La tecnología de Kunak, reconocida por su precisión y capacidad de medición multicontaminante en tiempo real, aporta transparencia y confianza a los proyectos, facilitando el cumplimiento de los requisitos de los financiadores climáticos y la rendición de cuentas.

El rol de las instituciones internacionales y del sector privado

Tanto las instituciones internacionales como el sector privado desempeñan un papel fundamental en la movilización y canalización de recursos para la acción climática.

Entre los más importantes gestores se hallan el Banco Mundial (World Bank), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Asiático de Desarrollo (ADB) y los fondos de inversión climática como el Climate Investment Funds y el Fondo Verde para el Clima. Destacan no solo por el capital financiero que aportan, sino también por la experiencia técnica y capacidad de gestión que facilitan el desarrollo de los proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático.

«El Grupo del Banco Mundial entregó una cifra récord de 42.600 millones de dólares en financiación climática en el año fiscal 2024 para apoyar los esfuerzos de poner fin a la pobreza en un planeta habitable, invirtiendo en energía más limpia, comunidades más resilientes y economías más fuertes.» World Bank, Climate Finance Fiscal Year 2024 Snapshot.

El auge de los bonos verdes ha marcado un hito en la financiación climática, permitiendo a empresas y gobiernos acceder a mercados de capital para financiar proyectos climáticos sostenibles que impulsen la justicia ambiental. Además, la financiación basada en resultados está ganando terreno, vinculando los desembolsos al logro de objetivos ambientales concretos, lo que aumenta la eficiencia y la transparencia de las inversiones climáticas.

«Las emisiones de bonos verdes soberanos superaron al mercado más amplio de bonos verdes en 2021 (CBI, 2022). Los cuatro mayores emisores: Francia, Alemania, Reino Unido e Italia, aportaron casi un tercio del uso de los fondos (UoP) de bonos verdes soberanos (26.000 millones USD) en 2021/2022.» Climate Policy Initiative, Global Landscape of Climate Finance 2023.

En consecuencia, las ciudades y empresas pueden aprovechar estos mecanismos para movilizar recursos, ya sea a través de la emisión de bonos verdes, la participación en fondos climáticos o la adopción de modelos de financiación basados en resultados. La colaboración entre el sector público, las instituciones internacionales y el sector privado es esencial para escalar soluciones y alcanzar los objetivos climáticos globales.

Seguridad climática: cuando los riesgos ambientales amenazan la estabilidad

Abordar cómo los riesgos ambientales, acelerados por efecto del cambio climático, pueden desestabilizar regiones enteras, exacerbar conflictos y amenazar la estabilidad global es la misión de la seguridad climática. El incremento de fenómenos extremos, la escasez de recursos y el desplazamiento forzado de poblaciones son factores ambientales que, combinados con tensiones sociales y políticas preexistentes, pueden generar crisis humanitarias y conflictos violentos de magnitud nunca antes vista.

La relación entre cambio climático y seguridad global

El cambio climático multiplica las amenazas, amplificando vulnerabilidades sociales, económicas y políticas. Según informes de seguridad de la ONU, OTAN y el Pentágono, los efectos del calentamiento global (sequías, inundaciones, pérdida de tierras cultivables y fenómenos meteorológicos extremos) son los causantes de que aumenten las situaciones de tensión para que se desarrollen conflictos sociales y se desplacen comunidades por la dificultad de acceder a recursos vitales como el agua, alimentos y energía.

Así ocurrió en Siria por la sequía prolongada que el país experimentó entre 2007 y 2010. Una dramática situación que provocó el colapso de la agricultura, el desplazamiento masivo de población desde el ámbito rural y el aumento de la tensión social, contribuyendo a la inestabilidad previa que desembocó en el conflicto armado.

De igual manera, el aumento del nivel del mar, las inundaciones y las sequías cada vez más frecuentes y profundas están forzando a millones de personas a abandonar sus hogares, generando oleadas de desplazados climáticos que, en busca de una oportunidad para vivir, pueden exacerbar tensiones en países de acogida y ante las rutas migratorias.

«Se está produciendo una institucionalización rápida y generalizada de la seguridad climática, liderada por Estados poderosos y organizaciones internacionales. Hace tiempo que los agentes de seguridad deberían haber reconocido la crisis climática como una grave amenaza para la humanidad, pero es imprescindible que esta institucionalización se someta a un escrutinio crítico.» Hardt, J.N. et al (2024). The challenges of the increasing institutionalization of climate security.

Por ello organismos internacionales como la ONU han identificado el cambio climático como una prioridad creciente para la seguridad internacional, resaltando que los riesgos climáticos pueden socavar la paz y la estabilidad a nivel mundial, exacerbando conflictos sociales, desestabilizando regiones y aumentando la presión migratoria, con especial incidencia en regiones vulnerables y en la seguridad nacional e internacional.

En resumen, la seguridad climática es un desafío transversal que exige respuestas coordinadas a nivel local, nacional e internacional, en las que se integre la acción climática en las estrategias de seguridad y desarrollo sostenible.

Conflictos por recursos y migraciones climáticas

La competencia ante la escasez de agua, alimento y la desertificación que impide el acceso a tierra fértil en la región del Sahel, ha intensificado los conflictos entre pastores y agricultores. Asimismo han fomentado el surgimiento de grupos armados que explotan la inseguridad alimentaria y la falta de oportunidades de las comunidades. El desplazamiento forzado de millones de personas, tanto dentro de la región como hacia otros países, incrementa la presión sobre los recursos naturales disponibles y los servicios básicos en las zonas de acogida, lo que amplifica aún más la crisis humanitaria.

«Desde la perspectiva de la justicia climática, las responsabilidades en torno al cambio climático deberían dividirse en función del grado en que se haya contribuido al problema mediante un enfoque que, a su vez, aborde las desigualdades sistémicas, socioeconómicas e intergeneracionales.» Climate Promise, UNDP (2023).

La monitorización ambiental precisa, mediante el uso de sensores y sistemas de recogida de datos en tiempo real, puede identificar anticipadamente zonas de riesgo donde la escasez de recursos, la degradación del suelo o los eventos climáticos extremos amenazan con desencadenar nuevos conflictos o desplazamientos. Esta información permite a gobiernos, organismos internacionales y ONG priorizar intervenciones, diseñar estrategias de adaptación y movilizar recursos de manera más eficiente, mitigando así el impacto de los riesgos ambientales sobre la seguridad y la estabilidad regionales.

Sistemas de alerta temprana y construcción de resiliencia

Construir un mundo resiliente ante el cambio climático necesita de la generación y análisis de datos en tiempo real sobre el entorno en que habitamos. Monitorizando parámetros clave como la calidad del aire, la disponibilidad de agua, las variaciones de temperatura y la detección anticipada de incendios forestales constituye la base de los sistemas de alerta temprana modernos; aquellos que permiten anticipar riesgos ambientales y reducir el impacto de fenómenos extremos en cualquier lugar, pero sobre todo para aquellas comunidades locales más vulnerables.

Responder a tiempo ante amenazas emergentes, basándose en la toma de decisiones informadas gracias a la combinación de imágenes satelitales, sensores terrestres y avisos comunitarios ha demostrado ser una herramienta eficaz para orientar a personas, organismos gestores y gubernamentales, y organizar zonas seguras con recursos disponibles antes de que se desencadenen situaciones de riesgo como crisis alimentarias o se provoquen migraciones climáticas.

«El cambio climático está alterando rápidamente el panorama de la seguridad mundial; sus implicaciones para la seguridad son muy diversas y plantean multitud de retos complejos.» Krampe, F. et al. (2024). Climate change and peacebuilding: sub-themes of an emerging research agenda.

En estas situaciones, las estaciones de monitorización ambiental de Kunak se posicionan como una parte esencial de esta red crítica de prevención. Su capacidad para medir múltiples contaminantes y parámetros ambientales en tiempo real, junto con su sistema de alertas tempranas, contribuye a mejorar la precisión de las predicciones y la eficacia de las intervenciones. Así, la tecnología de Kunak apoya la construcción de resiliencia frente al cambio climático y la gestión de emergencias, reforzando la seguridad climática y el desarrollo sostenible en las regiones más expuestas.

Conectando los pilares: un enfoque sistémico

Ser efectivos en nuestra respuesta global al cambio climático depende de la interacción y el refuerzo mutuo de los tres pilares fundamentales: justicia climática, financiación climática y seguridad climática. Elementos que no funcionan de manera aislada, sino que necesitamos que estén conectados de manera sistémica porque es la razón fundamental para avanzar en una transición justa, sostenible y resiliente.

La justicia climática reconoce el derecho de las comunidades más afectadas a acceder a recursos para reparar daños y adaptarse al cambio climático. Sin ser equitativos en las acciones de reparación, la confianza en los mecanismos de financiación climática se debilita, lo que imposibilita la movilización de fondos económicos y la participación activa de los países para que alcance a las poblaciones vulnerables.

En consecuencia, sin financiación adecuada y accesible para los más afectados, es imposible que a nivel global se avance hacia una transición energética limpia, adaptar infraestructuras o crear empleos sostenibles que fundamenten una economía justa. Si no logramos avanzar hacia una transición efectiva, la vulnerabilidad y la desigualdad seguirán incrementándose y veremos cómo aumentan los riesgos ambientales y sociales. Son el caldo de cultivo idóneo para generar conflictos, migraciones forzadas y desestabilización a nivel regional, nacional e internacional.

Necesitamos desplegar sistemas de alerta temprana, basados en herramientas tecnológicas y plataformas abiertas, que faciliten el acceso transparente a la información sobre las que fundamentar una gestión eficiente de los recursos naturales porque son la clave para construir entornos resilientes y sostenibles. Sustentados en el diseño de políticas públicas que prioricen la equidad, la inclusión y la participación de todos, donde las comunidades más afectadas tengan voz y los beneficios de la transición lleguen a toda la sociedad. Un sistema integrado que, funcionando al unísono, es más fuerte que cada una de sus partes por separado y la garantía para construir un futuro resiliente, justo y seguro.

La visión de Kunak: tecnología para la resiliencia climática

Las soluciones tecnológicas de Kunak se posicionan como herramientas clave para avanzar hacia la justicia climática, la seguridad ambiental y la eficiencia en la inversión climática. Al proporcionar datos precisos y en tiempo real sobre calidad del aire, contaminantes clave y parámetros ambientales, Kunak facilita la toma de decisiones informadas y la evaluación objetiva de los impactos en comunidades vulnerables, contribuyendo a la equidad y la transparencia en la gestión de recursos.

Las estaciones de monitorización Kunak permiten detectar áreas con altos niveles de contaminación o riesgo ambiental, priorizando intervenciones en comunidades más afectadas para apoyar la justicia climática.

Gracias a su tecnología de medición multicontaminante y su integración en sistemas de alerta temprana, permite anticipar crisis ambientales y proteger la salud pública y los ecosistemas. Además, Kunak facilita el monitoreo continuo de proyectos financiados con fondos climáticos, asegurando que los recursos se utilicen de manera efectiva y que los resultados sean medibles y verificables.

Kunak es un socio tecnológico clave para gobiernos, ciudades y ONG que ofrece soluciones flexibles y escalables para fortalecer la resiliencia climática a nivel local y global. Su compromiso con la innovación y la colaboración la posiciona como un aliado estratégico en la lucha contra el cambio climático, ayudando a transformar los compromisos internacionales en acciones concretas y resultados medibles.

En resumen, la medición de las condiciones atmosféricas es una herramienta esencial para visibilizar y combatir la desigualdad ante el impacto climático, que permite diseñar intervenciones más justas y efectivas en la lucha por lograr justicia climática.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre justicia climática y justicia ambiental?

La justicia ambiental actúa por la distribución equitativa de los beneficios y cargas ambientales entre todas las personas y comunidades, poniendo especial atención en la protección de grupos sociales vulnerables frente a la exposición a contaminantes, otros riesgos ambientales y las decisiones que afectan a su entorno.

La justicia climática es una manifestación específica de la justicia ambiental que se enfoca en los impactos y responsabilidades asociados al cambio climático. Pone el foco en cómo los efectos negativos del clima (eventos extremos, pérdida de recursos naturales y desplazamientos forzados) afectan de manera desproporcionada y desigual a aquellas regiones y países que menos han contribuido al problema y, además, disponen de menos recursos económicos y, por tanto, carecen de capacidad de adaptación.

Por ejemplo, una comunidad que habita en zonas urbanas marginales está más expuesta a altos niveles de contaminación por hallarse próxima a zonas industriales o áreas de tráfico denso y continuado, razones por las que puede apelar a que se aplique justicia ambiental.

Por otra parte, comunidades vulnerables más expuestas a olas de calor o peores condiciones del aire por causas debidas al cambio climático tienen en sus manos la justicia climática para lograr programas y recursos con los que adaptarse.

En resumen, la justicia climática es una dimensión específica de la justicia ambiental, enfocada en las consecuencias sociales y distributivas del cambio climático, mientras que la justicia ambiental abarca todas las formas de injusticia relacionadas con el medioambiente.

¿Quién es responsable de financiar la acción climática?

La financiación de la acción climática es una responsabilidad que recae prioritariamente en los países desarrollados, de acuerdo con el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas establecido en el Acuerdo de París. Esta responsabilidad se justifica por su contribución histórica a las emisiones de gases de efecto invernadero y por su mayor capacidad económica, que los sitúa en una posición clave para liderar el apoyo financiero a los países en desarrollo en sus esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio climático.

Si bien el Acuerdo de París no proporciona una lista cerrada de quienes han contribuido en mayor medida a este daño histórico, en la práctica se considera que incluye a los miembros de la OCDE y la Unión Europea, así como a Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda, entre otros países con altos niveles de ingresos.

En consecuencia, instituciones como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Europeo de Inversiones están jugando un papel estratégico en la movilización de fondos climáticos. En 2023, canalizaron un récord de 125.000 millones de dólares hacia la financiación climática global, destinando una parte significativa a países de ingresos bajos y medios. Su ambición para 2030 es alcanzar los 120.000 millones de dólares anuales únicamente en estas regiones, incluyendo tanto inversiones en adaptación como mecanismos para atraer capital privado.

No podemos olvidar el sector privado, esencial para ampliar el volumen de recursos destinados a la acción climática, y complementar los fondos públicos. En 2023, los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) movilizaron cerca de 101.000 millones de dólares de capital privado; se estima que para 2030 esta cifra podría aumentar en 65.000 millones adicionales solo en países de rentas bajas y medias. Esta colaboración público-privada es crucial para cerrar la brecha de financiación y acelerar la transición hacia economías resilientes y sostenibles por ser bajas en carbono.

La cooperación bilateral entre países con economías avanzadas y países de ingresos bajos y medios también desempeña una función significativa ante la respuesta climática. A través de agencias de cooperación y acuerdos específicos, muchas naciones canalizan financiación directamente para apoyar proyectos de mitigación, adaptación y transferencia tecnológica, con enfoques ajustados a las necesidades locales. Esta vía complementa los esfuerzos del sector privado y las instituciones multilaterales.

En resumen, la financiación de la acción climática es una responsabilidad compartida pero diferenciada, liderada por los países industrializados, con un papel clave de los bancos multilaterales, el sector privado y la cooperación bilateral para alcanzar los objetivos globales.

¿Cómo afecta el cambio climático a la seguridad nacional?

El cambio climático representa una amenaza transversal para la seguridad nacional de los países, afectando tanto la estabilidad interna como la posición internacional de los Estados. Una situación mundial que organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el G7 y la OTAN han identificado definiendo el cambio climático como un multiplicador de amenazas que intensifica los riesgos ambientales y sociales preexistentes y genera nuevas vulnerabilidades para la seguridad en el mundo.

Desde eventos extremos (inundaciones, huracanes, sequías y olas de calor), a desplazamientos forzados por la frecuencia e intensidad de los desastres climáticos o conflictos sociales por la disposición de recursos limitados como el agua y los alimentos, representan amenazas directas que pueden exacerbar disputas internas e internacionales, especialmente en regiones ya de antemano vulnerables.

Por otra parte existen amenazas indirectas como la inestabilidad política y social que generan los impactos en la salud pública por la propagación de enfermedades por causa de una mala calidad del aire o el acceso al agua potable. Son situaciones climáticas que debilitan la gobernanza, aumentan la desigualdad y alimentan el descontento, facilitando la aparición de conflictos sociales.

En síntesis, el cambio climático es reconocido por organismos internacionales como una amenaza multidimensional para la seguridad nacional y global, con efectos tanto directos como indirectos que requieren respuestas coordinadas y adaptadas a cada contexto social y ambiental.

¿Cuáles son los beneficios de invertir en resiliencia climática?

Invertir en resiliencia climática proporciona múltiples beneficios económicos, sociales y ambientales. Es un retorno que excede ampliamente el costo inicial de las medidas adoptadas; de hecho se calcula que por cada dólar invertido se pueden evitar costes futuros hasta diez veces mayores en cuantía.

Entre los beneficios principales de invertir en resiliencia climática se encuentran:

• Costes evitados: las inversiones en infraestructuras resilientes y medidas de adaptación reducen el impacto de eventos climáticos extremos sobre la economía, evitando daños materiales, pérdidas productivas y gastos imprevistos en reconstrucción y asistencia.
• Vidas salvadas: fortalecer la resiliencia climática protege a la población frente a desastres naturales, disminuyendo la mortalidad y mejorando la seguridad y la salud pública. Para conseguirlo, los sistemas de alerta temprana, infraestructuras seguras y planificación urbana adaptada salvan vidas y reducen la vulnerabilidad de las comunidades más expuestas.
• Estabilidad social: al invertir proactivamente en resiliencia climática se fortalece la cohesión comunitaria, lo que reduce el riesgo de conflictos y los desplazamientos forzados, dando como resultado la estabilidad social, disminución de las desigualdades y mejora de la calidad de vida en las comunidades.
• Mayor retorno en el largo plazo: con las inversiones en resiliencia climática se obtienen retornos económicos y sociales superiores a los costes iniciales, generando beneficios sostenibles para la economía, la sociedad y el medioambiente.

En resumen, invertir en resiliencia climática protege la economía y salva vidas, pero también fortalece la estabilidad social con un mayor retorno económico a largo plazo, demostrando que la inversión climática es una estrategia fundamental del desarrollo sostenible.

¿Cómo puede la tecnología ayudar a lograr justicia climática?

La tecnología desempeña un papel fundamental para establecer la justicia climática. Es una herramienta que facilita el acceso a información, fortalece la participación ciudadana y proporciona argumentos fiables que permitan exigir responsabilidad tanto a gobiernos como a empresas.

El poder de la tecnología se basa en:

• Democratización de los datos: las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), como sensores, sistemas de monitoreo remoto y plataformas digitales, permiten recopilar y compartir datos climáticos en tiempo real. Esto empodera a comunidades, organizaciones y gobiernos locales para identificar vulnerabilidades, monitorear impactos y tomar decisiones informadas sobre adaptación y mitigación. La disponibilidad abierta de datos climáticos favorece la transparencia y la inclusión, permitiendo que grupos históricamente marginados accedan a información relevante y participen activamente en la gestión del clima.

• Evidencia para políticas públicas y litigios climáticos: con la tecnología se contribuye a generar evidencia científica robusta, esencial para el diseño de políticas públicas eficaces y para sostener litigios climáticos. Avances como la ciencia de la atribución permiten vincular eventos climáticos extremos con emisiones específicas de países o empresas, lo que fortalece los argumentos jurídicos y facilita la exigencia de responsabilidades en los litigios climáticos reforzando la legitimidad de las demandas ciudadanas.

En resumen, la tecnología potencia la justicia climática al democratizar el acceso a la información, fortalecer la participación ciudadana y proporcionar evidencia sólida para la acción política y legal.

Conclusión hacia un futuro más justo, seguro y sostenible

La respuesta a la crisis climática solo será efectiva si se articulan conjuntamente tres pilares fundamentales: justicia climática, financiación climática y seguridad climática. Estos, lejos de ser independientes, se refuerzan mutuamente e impulsan soluciones integradas mediante las que se reconoce la interdependencia entre la equidad social, la movilización de recursos y la protección frente a los riesgos ambientales.

La innovación tecnológica y la cooperación internacional son esenciales para avanzar en este camino. Sistemas de alerta temprana, monitorización ambiental precisa y tecnologías abiertas permiten anticipar riesgos, optimizar recursos y garantizar que los beneficios de la transición lleguen a quienes más lo necesitan. La colaboración entre gobiernos, empresas, instituciones internacionales y la sociedad civil es clave para diseñar políticas climáticas inclusivas, impulsar ciudades inteligentes y construir resiliencia frente a los desafíos globales.

Midamos con precisión los impactos ambientales, financiemos de manera justa y eficiente las soluciones climáticas, y protejamos a las comunidades más vulnerables para lograr la sostenibilidad verdadera, la única posible desde la inclusión, el respeto y la colaboración entre los actores sociales. En este contexto, Kunak se posiciona como un aliado estratégico, ofreciendo soluciones tecnológicas que facilitan la generación de datos fiables y en tiempo real, fundamentales para la toma de decisiones y la justificación de proyectos climáticos financiables y efectivos.

Referencias

• Cabezas-Vicente, M. (dir.) (2024). Justicia ambiental y climática: visiones interdisciplinares desde los derechos humanos. Ediciones Universidad de Salamanca. https://eusal.es/eusal/catalog/book/978-84-1311-890-1
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