Justicia ambiental, la vía para democratizar una buena calidad del aire

La justicia ambiental en temas de calidad del aire es crucial para asegurar que todas las comunidades, especialmente aquellas en zonas de mucho tráfico y actividad industrial, junto a aquellas de población más vulnerable y marginada, reciban una protección equitativa contra los efectos nocivos que ocasiona la contaminación del aire.

La calidad del aire que respiramos está directamente relacionada con nuestra salud y bienestar. Las industrias y el tráfico emiten gases nocivos como el dióxido de nitrógeno (NO2) y el ozono troposférico (O3), además de las dañinas partículas finas suspendidas (PM2,5 y PM10) que pueden penetrar profundamente en los pulmones y de ahí al torrente sanguíneo, causando enfermedades respiratorias y cardiovasculares e incluso la muerte.

Estas emisiones pueden variar significativamente de un día para otro y entre calles aledañas, lo que altera la calidad del aire y, por tanto, la salud pública. Por ello, es esencial disponer de un control preciso y en tiempo real de la calidad del aire.

La vigilancia del aire mediante sensores de monitorización ambiental link glosario es una potente herramienta para determinar los contaminantes presentes en el aire, su proporción y fuentes de emisión. Gracias a los datos que aportan se pueden tomar decisiones informadas para mitigar los efectos de su tóxica presencia.

La contaminación atmosférica no diferencia condiciones socioeconómicas o étnicas, pero son sin embargo las comunidades más desfavorecidas las que sufren mayoritariamente las consecuencias negativas de respirar una mala calidad del aire.

Un aire contaminado no sólo afecta a la salud humana, aumentando el riesgo de enfermedad y reduciendo la calidad de vida. También altera los hábitats naturales, daña la biodiversidad, además de contribuir a problemas medioambientales más amplios, como el cambio climático.

Emplear la justicia medioambiental permite que todas las personas, independientemente de su situación socioeconómica o ubicación geográfica, se garanticen el derecho a disfrutar de un ambiente saludable y no sufran de manera desproporcionada los efectos negativos de la contaminación.

De igual manera, apelar a la justicia ambiental promueve la equidad, la participación comunitaria, la responsabilidad y la implementación de políticas inclusivas y justas que favorezcan un mayor bienestar tanto para las personas como para el planeta.

Qué es la justicia ambiental

La justicia medioambiental es una herramienta legal que busca la manera de abordar y corregir las desigualdades en la distribución de los beneficios y cargas ambientales entre diferentes grupos sociales. Este enfoque se centra en garantizar que todas las personas, independientemente de su origen étnico o factores socioeconómicos, tengan acceso equitativo a un ambiente saludable y seguro.

La justicia ambiental aplicada a la calidad del aire se refiere a la equidad en la exposición a riesgos de respirar un aire cargado de contaminantes atmosféricos y al derecho de disponer de los beneficios de un aire limpio; así como a la participación inclusiva en la toma de decisiones relacionadas con la gestión de la calidad del aire.

Para qué sirve la justicia ambiental

Los litigios frente a aquellas alteraciones ambientales que perjudican las condiciones de vida de las personas aumentan día a día. Mediante tales reivindicaciones sociales se está obteniendo el reconocimiento que tiene cualquier persona o comunidad a disfrutar de un medioambiente saludable. Dichas medidas legales buscan responsabilizar a los gobiernos y a la inacción de las empresas por imposibilitar derechos humanos básicos como respirar un aire limpio.

La justicia ambiental se basa en el principio rector de que todas las personas tienen derecho a la protección contra los daños y riesgos ambientales. Cada país y región tiene sus propias leyes y normativas para garantizar a la ciudadanía un entorno más limpio y saludable. Se concibe como “una reivindicación social, un nuevo paradigma que da certeza y equilibrio sobre la distribución de las implicaciones ambientales positivas o negativas en un territorio determinado.” (Ramírez S., et al., 2015).

A nivel mundial son muchos los casos de justicia ambiental que reclaman una mejor calidad del aire. Desde históricos procesos como el acuerdo multimillonario que condenó a la petrolera Chevron, en Richmond (California), por los efectos adversos del aire sobre la salud pública que ocasionaba su refinería. Hasta la implantación de Zona de bajas emisiones (ZBE), en Londres, por las repetidas demandas de la organización ambiental ClientEarth al gobierno del Reino Unido por incumplir las regulaciones de la calidad del aire establecidas por la Unión Europea.

En Ciudad de México, la organización de los residentes, apoyada por organizaciones no gubernamentales, consiguió en 2019 que el gobierno de la ciudad implantase políticas más efectivas para vigilar la calidad del aire; así como activó la participación ciudadana para garantizar un aire más limpio a sus habitantes.

Funciones de la justicia ambiental

La justicia medioambiental es de suma importancia por razones que abarcan desde aspectos sociales y económicos, a la salud y los derechos humanos para vivir en un ambiente seguro, saludable y libre de contaminación.

Es una justicia de suma importancia gracias a las funciones esenciales que desempeña:

Protección equitativa

Es crucial para prevenir la discriminación por motivos medioambientales. La justicia ambiental busca evitar que ciertas comunidades, especialmente las de bajos ingresos y las minorías étnicas, sufran una carga desproporcionada de contaminación del aire.

Distribución equitativa de recursos

La justicia ambiental garantiza que los recursos para monitorear, regular y mejorar la calidad del aire se distribuyan de manera justa, asegurando que todas las áreas, no solo las más prósperas, reciban atención adecuada para mantener una saludable calidad del aire.

Participación y empoderamiento comunitario

Facilitar el acceso a la información proporciona a todas las comunidades el disponer de una forma transparente de una información clara y comprensible sobre la calidad del aire y sus impactos en la salud.

Participación en la toma de decisiones

La justicia medioambiental facilita la participación activa de las comunidades afectadas en la toma de decisiones relacionadas con la calidad del aire, asegurando que sus voces y preocupaciones sean escuchadas y consideradas.

Responsabilidad en mejorar la calidad del aire

La justicia ambiental responsabiliza a las empresas y a los gobiernos por los daños causados por la contaminación del aire, promoviendo acciones legales y regulaciones más estrictas para prevenir futuros daños.

Transparencia gubernamental

Mediante el uso de la justicia ambiental se fomenta la transparencia en las acciones gubernamentales relacionadas con la regulación de la calidad del aire y el cumplimiento de las normativas medioambientales vigentes.

Salud y bienestar comunitario

Apelar a la justicia ambiental en aspectos relacionados con la calidad del aire favorece la reducción de problemas e inequidades en la salud. Aborda las disparidades en salud provocadas por la contaminación del aire, trabajando para reducir la incidencia de enfermedades respiratorias y cardiovasculares en las comunidades más afectadas.

Mejora de la calidad de vida

Gracias a la implementación de políticas y medidas que mejoren la calidad del aire, la justicia ambiental contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas que viven en áreas contaminadas.

Desarrollo de políticas inclusivas

Su aplicación compromete a que se desarrollen políticas públicas basadas en la equidad. Son aquellas que tienen en cuenta las necesidades y circunstancias de las comunidades más vulnerables, asegurando que las medidas para mejorar la calidad del aire beneficien a todos por igual y se basen en una justa evaluación del impacto ambiental.

Fortalecimiento del marco legal y normativo

Con la ayuda de la justicia ambiental, aparte de cumplir con las leyes medioambientales, se logra la aprobación de regulaciones más estrictas para controlar y reducir las emisiones de contaminantes. Asimismo también se puede plantear con el fin de impulsar enfoques preventivos para abordar la contaminación.

Justicia climática

La justicia ambiental desempeña un importante papel normativo para abordar el cambio climático al prevenir las alteraciones de la calidad del aire. Al utilizarla se persigue asegurar que las estrategias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero también consideren los impactos en la calidad del aire y las comunidades vulnerables.

En resumen, la justicia ambiental en temas de calidad del aire sirve para garantizar que todas las personas, independientemente de su origen socioeconómico o ubicación geográfica, tengan el derecho a un ambiente saludable y no sufran de manera desproporcionada los efectos negativos de la contaminación.

¿Qué hacer antes de recurrir a la justicia ambiental?

Para vivir en entornos más saludables y sostenibles, hay que incidir en mejorar la calidad del aire a través de la demanda de más energías renovables, la promoción del transporte público y el fomento de estilos de vida sostenibles.

A su vez, existen diversas herramientas que permiten controlar la calidad del aire que respiramos basándose en la composición y proporción de contaminantes atmosféricos detectados.

Entre estas herramientas se encuentran los sensores de calidad del aire. En la actualidad, existen multitud de tecnologías que miden la calidad ambiental mediante la detección de los diferentes contaminantes del aire pero con muy variada fiabilidad. Según los tipos específicos de contaminantes que se desee medir, podemos encontrar sensores electroquímicos, analizadores, gravimétricos, infrarrojos no dispersivos, sistemas microelectromecánicos, etc.

Kunak ofrece aquellas tecnologías que mejores resultados ofrecen según el tipo de contaminante y, gracias a su tecnología patentada de cartuchos inteligentes, permite que estos, una vez lleguen al final de su vida útil, sean reemplazados fácilmente en minutos, reduciendo drásticamente la pérdida de datos sobre la calidad del aire. Además, de este modo, no hace falta enviar el dispositivo a fábrica para su calibración y/o mantenimiento periódico.

A diferencia de otros sistemas, en el caso de Kunak, los cartuchos inteligentes incorporan un algoritmo propio diseñado por los ingenieros de la empresa que es capaz de mitigar los efectos de las condiciones ambientales. De este modo, los sensores de Kunak son capaces de ofrecer mediciones equiparables a las que ofrecen los instrumentos de referencia.

Y es que, tan solo tomando decisiones informadas en base a datos precisos, fiables y de calidad es posible implementar las medidas oportunas que nos lleven a reducir la contaminación ambiental y, en definitiva, a proteger la salud de las personas.

¿Quién puede recurrir a la justicia ambiental para proteger la calidad del aire?

Si dotamos a las comunidades de la tecnología y los datos necesarios sobre la calidad del aire, todos podemos desempeñar un papel activo en la protección del medio ambiente y de nuestra salud. La democratización de los datos sobre la calidad del aire es un paso esencial hacia la justicia medioambiental. El acceso universal a datos precisos y en tiempo real permite a las comunidades y gobiernos actuar con conocimiento de causa, luchando para que el aire limpio sea un derecho para todos.

“La justicia ambiental está contribuyendo a desvelar la interacción entre amenazas ambientales, condiciones de salud y grupos vulnerables.” (Prieto-Flores, M.E., et al., 2016).

Las regulaciones gubernamentales y su cumplimiento son la garantía para los ciudadanos de que no se viole su derecho fundamental a respirar un aire limpio. Si los gobiernos omiten sus labores o no desempeñan adecuadamente la función de exigir a terceros sus obligaciones con respecto al cumplimiento de la calidad del aire, es el momento de apelar a la justicia ambiental.

La justicia ambiental es una actuación legal accesible a las personas y las comunidades que ha demostrado ser eficaz para exigir a los gobiernos que cumplan con las leyes y normativas creadas expresamente para lograr un medioambiente saludable, porque al hacerlo se defiende el derecho básico a la vida.